Font Advocats | [Artículo] El control de WhatsApp y las elecciones en Brasil
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[Artículo] El control de WhatsApp y las elecciones en Brasil

Artículo escrito por Cyntia Menezes, Abogada Consultora de FONT ADVOCATS

Una vez ha finalizado el proceso electoral en Brasil, resulta interesante analizar cuál ha sido el comportamiento digital del electorado en unos de los comicios más agitados desde la democratización del país.

Si la expectativa era la de que, por similitud con lo que pasó en los Estados Unidos en las últimas elecciones, la plataforma Facebook iba a tener un papel de protagonista, la realidad es que la plataforma WhatsApp ha sido la que ha tenido un papel relevante, no exento de polémica, ya que ha sido utilizada para difundir noticias falsas y/o engañosas de forma masiva.

Atribuir únicamente a WhatsApp (y, con ello, a las fake news) el resultado de las elecciones brasileñas sería, seguramente, una simplificación errónea. El proceso es complejo y los factores, muy diversos: desde el aparente colapso del sistema político tradicional conllevado por la Operación Lava Jato, hasta una grave crisis económica que llevó al paro a 13 millones de trabajadores el mayo pasado, pasando por una crisis continua de seguridad. Ahora bien, lo cierto es que, con 120 millones de usuarios en el país, fue principalmente por medio de WhatsApp que los electores se conectaron, comunicaron, intercambiaron noticias e hicieron campaña para sus candidatos con una mayor intensidad.

Un informe de 2016 del Mobile Ecosystem Forum indica que el 76% de los brasileños prefiere utilizar WhatsApp como sistema de mensajería. Una encuesta de Datafolha de finales de octubre 2018 (apenas días antes de la segunda vuelta de la contienda electoral) indicaba que un 65% de los electores brasileños eran usuarios de Whatsapp y, de estos, un 24% lo utilizaba para compartir temas sobre política y las elecciones. Además, hay que tener en cuenta que un 78% de los usuarios participa en grupos.

Aunque no esté totalmente clara la razón por la cuál a los brasileños les gusta más WhatsApp que otros sistemas de mensajería, hay algunos motivos que pueden ayudar a entenderlo.

El primero, el coste. El uso del WhatsApp es más barato. Cuando llegó a Brasil en 2009, el envío de SMS en el país podría costar hasta 55 veces más que en EE.UU., por ejemplo. Con la extensión de redes 3G y de la red wi-fi, gran parte de la población migró a Whatsapp que, además de ser gratuita, es fácil de utilizar y sólo exige un número de teléfono para abrir una cuenta (hasta 2015 sólo se podía utilizar Facebook Messenger por los usuarios que tuviesen cuentas en dicha red social). En los estratos más pobres de la población, este es un elemento crucial; el WhatsApp ilimitado significa más integración social, comunicación, intercambio de información y, muy posiblemente, trabajo.

El segundo, la privacidad (o percepción de la privacidad). Si compartir una noticia en una cuenta de Facebook deja rastro en el perfil del usuario, eso no necesariamente ocurre en WhatsApp. Desde el punto de vista del usuario, WhatsApp puede parecer más privado y proporcionar un sentimiento de mayor control.

Sin embargo, es precisamente su característica de privacidad lo que hace más difícil el control de la información que se difunde y esto lo convierte en el medio idóneo para la difusión de fake news. Según la misma encuesta de Datafolha, casi la mitad de los electores brasileños que utilizan el WhatsApp creen en las noticias que les llegan por este medio.

Los términos y condiciones de WhatsApp incluyen, entre otros aspectos, la prohibición expresa de la difusión de “declaraciones falsas, incorrectas o engañosas” o el envío masivo o automático de mensajes (spam), y su incumplimiento puede implicar la cancelación de la cuenta. Igualmente, dichos términos exigen una utilización con fines personales, ya que se prohíbe la creación automatizada de cuentas, el cobro por ello o su utilización por varios dispositivos diferentes. Sin embargo, hay indicios de que todas (o algunas) de estas prácticas fueron recurrentes durante el período electoral brasileño.

En una nota de prensa divulgada el 19 octubre, WhatsApp afirmó que había cancelado cuentas de unos 100.000 usuarios en Brasil por sospecha de envío de spam y violación de los términos legales durante el periodo electoral, pero tal cancelación no pareció haber surtido mayores efectos. En la misma nota, la compañía afirmaba disponer de “tecnología de detección de spam, que identifica cuentas con comportamiento anormal para que no puedan ser utilizadas para difundir spam o desinformación”. Ahora bien, parece claro que, aunque la tecnología permita identificar comportamientos fuera del patrón usual de la aplicación, es aparentemente muy difícil garantizar que tales comportamientos representen infracciones de sus términos legales que conlleven la cancelación de una cuenta y tampoco impide que un mismo usuario cancelado utilice diferentes números de teléfono para abrir nuevas cuentas.

Una primera reacción de algunos sectores de la sociedad brasileña fue sugerir restricciones a su utilización, como la reducción en el número de participantes en un grupo (actualmente restringido a 256 personas) y la limitación en el reenvío de mensajes. Hubo incluso los que sugirieron la suspensión total de la aplicación durante el período electoral, sin considerar el importante impacto social y económico, además de jurídico, de una medida tan restrictiva.

Al no tener acceso al contenido de los mensajes que circulan en su red, el control que se puede esperar de WhatsApp para proteger a los usuarios de la difusión de fake news y exigir el cumplimiento de sus términos y condiciones es distinto del que se suele exigir a plataformas como Facebook, por ejemplo, donde el acceso a las cuentas de los usuarios permite una identificación más precisa de los contenidos y de las infracciones.

Aun así, el centro de la cuestión sigue siendo si se deben fijar límites a la libre circulación de información u opiniones, aunque sean equivocadas o falsas.

Más allá de casos difamatorios puros, ofensas u otras conductas ya jurídicamente tipificadas en el mismo Código Penal (discurso del odio, racismo, incitación a la violencia, etc.), la simple restricción a la difusión de información basada solamente en una determinación sobre la calidad subjetiva de dicha información es peligroso. ¿A quién se impondría la responsabilidad de decidir qué contenido debe ser restringido? ¿Es conveniente, como sociedad, que se exija a entidades privadas como Facebook o Google, la obligación de fiscalizar, seleccionar, evaluar y borrar contenido? Y si no son dichas entidades privadas, ¿estarían los ciudadanos dispuestos a dejar a sus gobiernos el control sobre qué informaciones (ideas, hechos o opiniones) pueden ser (o no) difundidas? ¿La solución a la desinformación generalizada sería aún más desinformación o, al revés, formación?

Por tanto, el problema crucial sobre el control de la información que circula por WhatsApp pone nuevamente sobre la mesa el conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de información y expresión. Establecer medidas técnicas que permitan limitar o prohibir el uso de una plataforma, o regular el borrado y la distribución de contenido, pueden quizás limitar (temporalmente) la difusión de informaciones falsas, pero pueden igualmente abrir un precedente de control y restricción sobre las libertades individuales que, a largo plazo, podría resultar más dañino para la democracia que las propias noticias falsas.

Cyntia Menezes

Abogada Consultora de FONT ADVOCATS